Valencia
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado un plan integral para combatir la ocupación ilegal de viviendas, con el objetivo de frenar estas prácticas, aumentar la seguridad de los propietarios y mejorar la convivencia en las comunidades.
Mazón explicó que el plan responde al aumento del malestar social y la inseguridad provocados por la ocupación ilegal, que también ha afectado al mercado inmobiliario. Insistió en la necesidad de una acción firme, pero con sensibilidad social.
Las denuncias por ocupación ilegal se han disparado en los últimos 14 años, multiplicándose por seis tanto a nivel nacional como en la Comunidad Valenciana, lo que refuerza la necesidad de actuar con urgencia.
Para hacer frente a este problema, la Generalitat prepara una estrategia conjunta entre varias áreas, que incluye la creación de una oficina para atender a las víctimas de ocupación, con asistencia telefónica a través del 012.
También se ofrecerá apoyo legal, psicológico y social a los afectados a través de las oficinas de atención a víctimas del delito y los centros Justiprop, con el objetivo de proporcionar soluciones reales y efectivas.
Acompañamiento legal y psicológico
Carlos Mazón ha subrayado la necesidad de brindar apoyo integral a las víctimas de ocupación ilegal, debido al impacto emocional que genera. Por ello, el personal especializado ha sido formado para ofrecer una atención adecuada desde el inicio.
También se ha formado a abogados para ofrecer apoyo legal y emocional, y se están creando protocolos para policías y empleados públicos, en colaboración con el Consejo de Abogacía Valenciana.
Entre las iniciativas contempladas en el plan también se incluye la creación de una guía práctica para prevenir y actuar ante ocupaciones, que se difundirá mediante ayuntamientos y el 012. A demás, se firmará un convenio con los administradores de fincas para manejar casos de ocupación e inquiocupación.
El plan contempla capacitar a la policía local y autonómica para actuar rápidamente ante ocupaciones, y crear una herramienta digital que facilite identificar al propietario legal en tiempo real para agilizar desalojos.
Por último, se creará un sistema de coordinación con los Servicios Sociales para identificar posibles casos de vulnerabilidad entre los ocupantes. Mazón destacó que con este plan la Generalitat está utilizando todas sus competencias, aunque señaló que es necesario un mayor compromiso y acción por parte del Gobierno central y las Cortes Generales para enfrentar el problema de manera definitiva.
Reclamación al gobierno
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, recordó que al llegar a su cargo hace dos años encontró una situación preocupante: más del 10 % del parque público de viviendas en la Comunidad Valenciana estaba ocupado ilegalmente, es decir, más de 1.800 de las 15.000 viviendas disponibles. Según Mazón, este problema no fue abordado por el gobierno anterior.
Frente a esta realidad, Mazón ha solicitado al Gobierno central y a las Cortes Generales que impulsen una serie de reformas importantes. Entre ellas, destaca la necesidad de derogar la actual Ley de Vivienda, que ha provocado que muchos propietarios retiren sus inmuebles del mercado de alquiler por temor a la ocupación, ya que esta norma brinda más protección legal a los ocupantes que a los dueños legítimos.
Otra propuesta clave es reformar la legislación para acelerar los procesos judiciales relacionados con los desahucios, reduciendo plazos y facilitando que los propietarios puedan recuperar sus viviendas sin enfrentar largos y costosos procedimientos legales.
Además, Mazón ha pedido que se refuerce la capacidad de actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intervenir rápidamente ante casos de ocupación, junto con la creación de un protocolo específico que permita una coordinación más efectiva entre las distintas administraciones para facilitar el desalojo de viviendas ocupadas.
Finalmente, el presidente valenciano ha planteado la implantación de incentivos fiscales para los propietarios que estén en procesos judiciales relacionados con la ocupación, como deducciones que ayuden a aliviar el impacto económico que esto supone.
Con todas estas medidas, Mazón busca no solo recuperar las viviendas ocupadas, sino también brindar mayor seguridad y confianza a los propietarios, y fortalecer así el mercado del alquiler en la Comunidad Valenciana.
Vivienda, prioridad para el consejo
Mazón señala que la ocupación ilegal y la inquiocupación reflejan un problema estructural de escasez de vivienda para compra y alquiler. Critica al anterior gobierno del Botànic por no impulsar viviendas sociales ni proyectos urbanísticos que podrían haber aliviado esta situación.
Mazón también critica al Gobierno central por crear inseguridad jurídica para los promotores, restringir el acceso de los ayuntamientos a suelo urbanizable y generar desconfianza entre los propietarios, que evitan alquilar por miedo a ocupaciones o impagos.
Ante esta situación, Mazón destaca que su Gobierno ha hecho de la vivienda una prioridad, impulsando el Plan Vive para aumentar la vivienda pública, ofreciendo incentivos fiscales, avales para jóvenes compradores y promoviendo la construcción de viviendas protegidas para facilitar el acceso y aliviar el mercado inmobiliario.
El presidente ha insistido en que, a diferencia de la inacción del pasado, su administración está comprometida con un enfoque activo y sostenido para garantizar soluciones reales al problema habitacional que afecta a miles de valencianos.
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Fuente: GVA
