El Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia, que contempla medidas como los juicios exprés para la okupación de viviendas y la eliminación de las ‘golden visa’ tras la incorporación de enmiendas, ha sido vetado por el Senado. Aprobado en el Congreso de los Diputados el 14 de noviembre, el texto regresa ahora a esta Cámara para un nuevo debate.
Este jueves 19 de diciembre, el Senado discutirá el proyecto, con la posibilidad de levantar el veto mediante mayoría absoluta. Si esto ocurre, la normativa quedaría lista para entrar en vigor.
José Ramón Zurdo, abogado experto en arrendamientos y CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), señala que la situación es incierta: “A veces la política da sorpresas. Ahora, la ley vuelve al Congreso y queda por ver si logrará salir adelante”.
Si no se aprueba, la situación legal de la okupación en España seguirá como hasta ahora, con desalojos que pueden prolongarse por más de dos años. La propuesta vetada por el Senado buscaba agilizar estos procesos mediante juicios rápidos, permitiendo que los casos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se resolvieran en un plazo de aproximadamente 15 días.
¿Es suficiente esta reforma para abordar la okupación?
Jesús Martínez Caja, secretario general de AMADEI, considera que la propuesta representaba una mejora, ya que reduciría significativamente los tiempos de resolución, pasando de años a solo 20 días en muchos casos. Sin embargo, advierte que la rapidez en la obtención de una sentencia no garantiza una ejecución inmediata del desalojo, especialmente cuando intervienen circunstancias de vulnerabilidad. “Sin medidas cautelares que permitan la expulsión inmediata, esta reforma sería un avance, pero no una solución contundente”, explica.
España se encuentra entre los países europeos con leyes más permisivas respecto a la okupación. En países como Alemania, por ejemplo, el desalojo de okupas ilegales se produce en cuestión de días tras la denuncia del propietario.
Posibles soluciones para combatir la okupación
Los expertos coinciden en que es necesario agilizar los procedimientos de desalojo y reforzar la protección a los propietarios. Jesús Martínez Caja propone establecer un plazo de 72 horas para expulsar a los okupas mediante medidas cautelares inmediatas desde que se presenta la denuncia en el Juzgado de Guardia.
Por su parte, José Ramón Zurdo aboga por definir con mayor precisión el concepto de flagrancia, de manera que la policía pueda actuar de inmediato sin requerir autorización judicial. “Si se establece un límite de 48 horas desde la ocupación, las fuerzas de seguridad podrían intervenir directamente, eliminando los bloqueos judiciales que retrasan la expulsión”, sugiere.
Otra medida que podría ayudar sería la creación de un registro público obligatorio para contratos de alquiler. Esto evitaría fraudes y facilitaría la identificación de okupas. “Si un contrato no está registrado, se presumiría fraudulento y el desalojo sería inmediato”, afirma Zurdo.
Actualmente, muchos propietarios recurren a sistemas de alarma como medida de protección, ya que permiten avisar a la policía en el momento exacto de la intrusión.
La ‘inquiokupación’, un problema aún mayor
Más preocupante que la okupación es la ‘inquiokupación’, un fenómeno que afecta principalmente a pequeños arrendadores. Se produce cuando una persona alquila una vivienda de manera aparentemente legal, paga el primer mes y la fianza, y luego deja de pagar, aprovechándose de los plazos judiciales para permanecer en la vivienda sin coste durante años.
“En España, el 90% de los problemas de alquiler se deben a una mala selección de los inquilinos por parte de los propietarios”, señala Zurdo. Para evitarlo, recomienda que los arrendadores verifiquen el historial financiero de los candidatos, revisen ficheros de morosos y analicen su capacidad de pago, tal como lo haría un banco al conceder una hipoteca.
César Morales, director del departamento inmobiliario de Andersen, recuerda que en 2013 se intentó crear un Registro Público de impagos de alquiler, pero nunca llegó a implementarse. “Una herramienta así podría prevenir muchos casos de inquiokupación, aunque su aplicación es compleja”, comenta.
Desde el punto de vista legal, una posible solución sería considerar la inquiokupación como un delito de estafa si se demuestra que el inquilino nunca tuvo intención de pagar. Esto permitiría actuar por la vía penal en lugar de la civil, reduciendo significativamente los tiempos de desalojo.
Impacto de la inseguridad jurídica en el mercado del alquiler
La inseguridad jurídica ha llevado a una reducción de la oferta de alquiler y a un aumento de los precios. “Los inquilinos saben que, si dejan de pagar, pueden quedarse en la vivienda durante años antes de ser desalojados. Esto ha pervertido el mercado”, denuncia Jesús Martínez Caja.
El exceso de regulación en el alquiler, incluyendo limitaciones de precios y restricciones en los desahucios, ha tenido un efecto contrario al deseado: en lugar de proteger a los inquilinos, ha reducido la disponibilidad de viviendas y encarecido los precios. José Ramón Zurdo insiste en que garantizar la seguridad jurídica de los propietarios es clave para mantener un mercado de alquiler saludable.
Razones detrás del veto en el Senado
Fernando López-Orozco, director de la Asesoría Jurídica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), explica que el Senado rechazó la ley debido a su falta de cohesión. “Se presentó como un paquete único, sin permitir ajustes, lo que generó rechazo. Además, incluía reformas procesales deficientes y con un impacto caótico en un sistema judicial ya sobrecargado”, aclara.
Okupación en comunidades de propietarios
Otro aspecto que debe abordarse es la okupación en comunidades de propietarios, un problema que afecta gravemente la convivencia vecinal. “En estos casos, la okupación multiplica sus efectos negativos y puede convertirse en un problema de orden público”, advierte López-Orozco.
Para mejorar la respuesta ante estos casos, sugiere que las comunidades de vecinos cuenten con mecanismos legales más eficaces y una mayor intervención de las fuerzas de seguridad.
Conclusión
La okupación y la inquiokupación siguen siendo grandes desafíos en España, y aunque la reforma de la Ley de eficiencia de la Justicia representaba un paso adelante, su veto en el Senado deja en suspenso cualquier avance. Mientras tanto, los expertos coinciden en que la solución pasa por procesos más ágiles, medidas cautelares inmediatas y una mayor protección legal para los propietarios.
Fuente: Idealista.com
