En España, sin una orden judicial, no se puede echar a alguien que tenga un contrato de alquiler ni a quienes hayan entrado en la propiedad de forma ilegal, como los okupas. Es decir, es ilegal que un propietario realice un desalojo por su cuenta si el inquilino moroso se niega a abandonar la vivienda. Por lo que para lidiar con ellos es importante conocer la ley y comprender lo que es legal y lo que no lo es, ya que estos grupos suelen conocer bien las normativas. Esto es lo que debes saber sobre lo que se considera un desalojo ilegal:
¿Qué son los desalojos ilegales?
Un desalojo ilegal ocurre cuando una persona toma la justicia por su mano para expulsar a un inquilino moroso o a un okupa, sobre todo cuando lo lleva a cabo sin una orden judicial o una sentencia. Actos como cambiar las cerraduras sin autorización, cortar los suministros, entrar en la vivienda sin permiso, impedir que el inquilino regrese después de haber salido, tomar o dañar sus pertenencias, agredir al inquilino física o verbalmente, o dejar la vivienda en condiciones deplorables sin hacer las reparaciones necesarias para garantizar su seguridad, son considerados formas ilegales de usar la fuerza para desalojo.
¿Cuándo se puede desalojar a un inquiokupa?
Se les puede desalojar cuando no cumplan con las obligaciones establecidas en el contrato, ya sea por acuerdo entre las partes o por lo que dicta la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
El artículo 27 de la LAU establece que «el incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones del contrato da derecho a la parte que haya cumplido las suyas a exigir el cumplimiento o a solicitar la resolución del contrato, según lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil». Además, el propietario de la vivienda puede emprender las acciones legales necesarias para proceder con el desalojo. Entre los motivos que justificarían estas acciones se encuentran el impago del alquiler o cualquier otra cantidad adeudada por el arrendatario, el impago de la fianza o su actualización, el subarriendo o cesión sin autorización, daños intencionados en la propiedad o modificaciones no aprobadas, actividades molestas, insalubres, peligrosas o ilegales en el inmueble, y el uso de la vivienda para fines distintos a la residencia habitual.
Sin embargo, aunque existan motivos para el desalojo, esto no implica que el inquilino pueda ser echado de inmediato. Si el inquilino se niega a abandonar la vivienda, será necesario iniciar un proceso judicial de desahucio, ya sea por incumplimiento del contrato, finalización del arrendamiento o falta de pago.
Fuente: Idealista.com
