La okupación en España, cómo actuar frente a las tres caras de okupación, según un abogado
La okupación de viviendas en España creció un 7,14% en 2024, con 16.426 casos frente a los 15.289 del año anterior, según el Ministerio del Interior. Es la tercera cifra más alta desde 2010 y supone el retorno a la tendencia al alza tras dos años de descenso.
Este aumento refleja un problema social profundo, marcado por la falta de vivienda pública y un marco legal que, según el abogado Santiago Thomás de Carranza, no protege suficientemente a los propietarios. A su juicio, la combinación de insuficiente vivienda social y una percepción de tolerancia legislativa ha favorecido el crecimiento del fenómeno.
Un problema en aumento
Entre 2018 y 2024, la okupación aumentó más de un 34%, con 16.500 denuncias solo de particulares (más de 350 por semana).
Las principales causas, según Thomás de Carranza, son:
- Falta de política de vivienda: España está a la cola de Europa en vivienda social.
- Excesiva tolerancia legal, que deja desprotegido al propietario y complica los procesos de recuperación de inmuebles.
Las tres formas de okupación
Allanamiento de morada: Ocurre cuando alguien ocupa tu vivienda habitual, el lugar donde resides y desarrollas tu vida privada. Es un delito grave porque vulnera derechos fundamentales como la intimidad y la inviolabilidad del domicilio (incluye segundas residencias si puedes demostrar que las usas regularmente, no solo como inversión o alquiler).
Usurpación de vivienda: Se da en viviendas vacías o sin moradores. Aunque vulnera la propiedad privada, no afecta la intimidad, por lo que se considera un delito leve. Si hay violencia o intimidación, puede aplicarse un juicio rápido, pero cuando no la hay, el proceso puede tardar entre seis meses y dos años.
Inquiokupación: Se produce cuando un inquilino con contrato deja de pagar intencionadamente. Aunque entró de forma legítima, usó el contrato para ocupar sin pagar, lo que puede considerarse estafa si se demuestra la mala fe.
Inquiokupación, ¿Cómo demostrar la mala fe del inquiokupa?
Debe probarse con evidencias, como documentos falsificados o engaños en el proceso de alquiler. La escasez de vivienda y los altos precios han endurecido los requisitos (“scoring”), dejando fuera a quienes más lo necesitan, lo que agrava el problema.
Aunque podría denunciarse por estafa, el método más rápido y eficaz suele ser el desahucio por impago, ya que el propietario busca recuperar su vivienda, no castigar al inquilino.
Qué hacer ante un allanamiento de morada?
1- Llamar inmediatamente a la policía: Si se confirma que es tu morada, pueden detener al ocupante de inmediato.
2- Acreditar que vives allí: Presenta facturas, efectos personales o recibos que prueben que es tu vivienda habitual.
Si el okupa presenta un contrato de arrendamiento (real o falso), el caso deja de ser allanamiento y pasa a ser inquiokupación, lo que requiere un proceso judicial más largo.
La ley “antiokupas”: ¿funciona realmente?
La reforma del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prometía desalojos en 15 días, pero en la práctica solo se aplica en casos de allanamiento o violencia.
La usurpación pacífica sigue siendo un delito leve y los procesos pueden durar hasta dos años.
Pese a ello, la sociedad es hoy menos tolerante con la okupación, lo que, según el abogado, podría traducirse pronto en medidas más eficaces.
Negociar antes que actuar por la fuerza
Los conflictos deben resolverse ante un juez o mediante acuerdo, nunca por la fuerza. Existen empresas especializadas que negocian con los okupas y logran recuperar las viviendas de forma rápida y legal.
Efectos en las comunidades de propietarios
La okupación también impacta en las comunidades:
- Los okupas no pagan gastos comunes ni mantenimiento, lo que provoca un deterioro del edificio.
- Los propietarios siguen siendo responsables de los pagos y, si no cumplen, la comunidad puede reclamarles los gastos.
¿Debe el propietario seguir pagando suministros?
Sí. Cortar la luz o el agua puede considerarse coacción, según el Tribunal Supremo.
No obstante, los tribunales comienzan a valorar las circunstancias, especialmente cuando se trata de particulares vulnerables, no de grandes empresas.
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Fuente: Idealista
