Nuevo enfoque judicial sobre okupaciones: los jueces de Barcelona deciden que cortar luz o agua a una casa okupada no es coacción
El 7 de marzo, los magistrados de la Audiencia de Barcelona acordaron unificar criterios de un nuevo enfoque judicial sobre okupaciones. Para los casos de usurpación de viviendas. Según este acuerdo, cortar los suministros de luz o agua a las viviendas ocupadas no se considerará un delito de coacciones. Los propietarios que den de baja los servicios no incurrirán en esta falta. Además, se establece que los juzgados de Barcelona no podrán archivar una denuncia por usurpación leve sin antes pedir a la policía que identifique a los okupas. Este paso busca evitar que el procedimiento se alargue innecesariamente y, al mismo tiempo, garantizar que se identifique si los okupas son personas vulnerables a las que se puedan ofrecer recursos.
En cuanto a las okupaciones, los datos del Ministerio del Interior indican que en 2024 se registraron 16.426 incidentes en España, lo que representa un aumento del 7,4% respecto al año anterior. Este crecimiento refleja una tendencia al alza en los últimos años. Especialmente en Cataluña, que concentra el 42,6% de los casos a nivel nacional, con 7.009 usurpaciones.
Los plazos para desalojar a los okupas continúan siendo largos. Nuevo enfoque judicial sobre okupaciones. En 2023, el tiempo medio para resolver un caso de usurpación fue de casi 24 meses, considerando tanto los procedimientos en los Juzgados de Primera Instancia como las apelaciones en las Audiencias Provinciales. Este periodo se ha triplicado en los últimos cinco años, ya que en 2018 el promedio era de 4,9 meses. A esto se suman las variaciones según la comunidad autónoma, siendo Castilla y León y Murcia las que más tiempo tardan. Mientras que Navarra y Aragón son las que resuelven más rápido.
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Fuente: Idealista
