Un discapacitado desamparado por el estado: la historia de una injusticia en el corazón de Barcelona
En pleno Eixample, a dos pasos de la Sagrada Familia, se esconde un drama silencioso que pone en evidencia las grietas del sistema. Un piso reformado, con tres habitaciones y dos baños, debía ser la fuente de ingresos para un hombre con un 76% de discapacidad. Hoy, en cambio, se ha convertido en su mayor pesadilla: no puede entrar en su propia vivienda porque está ocupada por una familia que dejó de pagar el alquiler tras la pandemia.
De inversión segura a pesadilla legal
“Mi tío reformó el piso pensando en alquilarlo para cubrir sus gastos. Incluso llegó a valorar montar allí una gestoría”, explica Alberto Asín, primo y tutor legal del propietario. Durante los primeros años, todo fue bien: los inquilinos —una pareja cubana con dos hijos adolescentes— pagaban los 900 euros mensuales sin problemas.
Pero con la llegada del Covid, la situación cambió. “Les ofrecí pagar solo el 50% durante tres meses. Luego empezaron los problemas hasta que dejaron de pagar del todo”, recuerda Asín. La fianza se agotó, y tras medio año sin ingresos, no quedó otra opción que acudir a los tribunales.
Una justicia que protege… a unos más que a otros
Para Asín, el problema va más allá de lo económico: es una cuestión de justicia y sentido común.
“En Bilbao dan 750 euros de ayuda al alquiler. Yo no digo que estas personas no deban ser ayudadas. Lo que no puede ser es que la ayuda se dé a costa de un discapacitado que necesita esos ingresos para vivir”.
El desgaste emocional y financiero ha sido tan grande que ya tiene claro lo que hará cuando todo termine: “Lo sacaré del mercado. Lo usaré como despacho o lo venderé. Así habrá un piso menos en alquiler. Luego dicen que falta oferta… ¿Cómo no va a faltar si nos dejan en esta situación?”.
Una cuestión de justicia, no de dinero
Cansada de la parálisis judicial, la familia ha lanzado una petición en Change.org con tres demandas concretas:
- Revisiones periódicas de la vulnerabilidad de los ocupantes.
- Que las ayudas al alquiler se entreguen directamente a los propietarios.
- Que se exonere del pago de impuestos a quienes no pueden disponer de su vivienda por casos como este.
Este caso no es un hecho aislado. Cada vez más propietarios en Barcelona se sienten desprotegidos y desanimados, y deciden retirar sus pisos del mercado. El resultado es una espiral peligrosa: menos oferta, más precios altos… y una crisis de vivienda aún más difícil de resolver.
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Fuente: Idealista
